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Barcelona crea un impuesto para las grandes plataformas de reparto a domicilio de productos de comercio electrónico. Solo pagarán las empresas que facturen más de un millón de euros y la entrega en puntos de recogida está exenta

Una furgoneta de reparto a domicilio de doble fila y mercancías en la vía pública. Una furgoneta de reparto a domicilio de doble fila y mercancías en la vía pública.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado la creación de un impuesto para las grandes plataformas de reparto a domicilio de productos de comercio electrónico. En concreto, se grava la utilización del espacio público para la actividad comercial de reparto a domicilio. Queda excluido de esta tarifa el transporte de productos adquiridos a través de comercio electrónico hasta los puntos de recogida.

El impuesto está diseñado para gravar grandes plataformas y empresas de paquetería que hagan un uso extensivo del espacio público, como estacionamientos, aceras o estacionamientos en doble fila en la propia calzada. Sólo estarán obligadas a pagar esta tarifa las empresas que cobren más de un millón de euros por el envío de mercancías a domicilio.

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Según el consistorio, con este tope de un millón de euros, los autónomos y los pequeños repartidores quedarán exentos de la obligación de pagar esta tarifa, así como el reparto a domicilio por parte de las empresas siempre que su facturación no supere este tope. . El cálculo de la tarifa, y por tanto de la obligación de pagarla, se calcula únicamente en función del coste de su transporte hasta un domicilio, es decir restando el coste del producto transportado.

En concreto, las plataformas o empresas de distribución a domicilio tendrán que pagar el 1,25% del volumen de negocio por la entrega a domicilio de productos de comercio electrónico. Este porcentaje surge de un estudio realizado por profesores de las universidades Carlos III y la Universidad de Barcelona, ​​que valora el espacio público de Barcelona en 2,6 millones de euros.

La tarifa se aprobará provisionalmente en pleno a mediados de febrero, y se estima que podría entrar en vigor a finales del primer trimestre, en febrero o marzo. El gobierno municipal cuenta con el apoyo del grupo municipal Esquerra Republicana, que de hecho fue el impulsor inicial de la medida.

La obligación de pagar esta nueva tarifa queda por tanto limitada a los llamados operadores postales, que son los que tienen licencia para transportar la mercancía de la empresa vendedora al domicilio. Estas empresas están inscritas en un registro, y en cuanto entre en vigor la tarifa, tendrán que hacer una declaración del volumen de negocio que tienen para el transporte puerta a puerta en la ciudad de Barcelona.

El impuesto creado por el Ayuntamiento de Barcelona excluye las operaciones que realizan estas empresas de transporte de mercancías entre empresas de la ciudad, es decir, del distribuidor a una tienda o de una tienda a otra. El volumen generado por este tipo de operaciones no se tendrá en cuenta para calcular si se ha alcanzado el tope ni para calcular la cantidad a pagar posteriormente.